El desarrollo del potencial de biometano en España habría supuesto un ahorro de hasta 4.000 M€ en 2022

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sedigas - mundocompresor.com

La oportunidad de que España se convierta en futuro hub gasista europeo mediante el desarrollo de gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde, es cada vez más evidente. En concreto, el biometano se perfila como una de las grandes claves, no solo para la transformación del mix energético a corto plazo, sino también para avanzar hacia la descarbonización de la economía.

En este sentido, España cuenta con un potencial de producción de biometano –una fuente de energía renovable y autóctona- de 163 TWh/año, una cifra que permitiría cubrir en torno al 45% de la demanda nacional de gas natural y cuyo desarrollo podría haber supuesto un ahorro de unos 4.000 millones de euros a los consumidores en su factura energética en 2022, por la reducción de las compras a países terceros.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe ‘Estudio de la capacidad de producción de biometano en España’, elaborado por la Asociación Española del Gas, Sedigas, en colaboración con PwC y la consultora especializada Biovic, con el objetivo de analizar el potencial nacional de este gas renovable y aportar conocimiento que ayude en la definición de sus planes de desarrollo y en la estrategia nacional de descarbonización.

El análisis supone una actualización de las últimas cifras calculadas en 2018 por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que situaban el potencial disponible de biometano entre los 20 y 34 TWh anuales en el año 2030, lo que podría suponer entre un 5% y un 9% de la demanda anual gas. El origen de esta diferencia radica en que los datos del IDAE no incluían los cultivos intermedios, así como los residuos forestales y otros biológicos de más difícil aprovechamiento, pero con un gran potencial, que ahora sí han sido considerados.

La materialización del potencial español de producción de biometano supondría, asimismo, un importante impulso al desarrollo socioeconómico local, ya que conllevaría la puesta en marcha de 2.326 plantas especializadas a lo largo de todo el territorio, con una inversión asociada estimada de 40.500 millones de euros -el equivalente al 3,6% del PIB- y la generación de cerca de 62.000 empleos, entre directos e indirectos, asociados a su operación y mantenimiento.

El biometano es un gas renovable de características análogas al gas natural convencional cuya importancia en la transición energética se ha puesto de relevancia especialmente desde el comienzo de la crisis de precios y de suministro derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De hecho, el Plan REPowerEU de la Comisión Europea, concebido para acelerar la desconexión de Rusia, le otorga un papel protagonista en la consecución de los objetivos de independencia energética europeos, ampliando hasta los 35.000 millones de metros cúbicos el objetivo comunitario de producción para 2030.

El principal valor de este gas renovable reside en que sus posibilidades de desarrollo son especialmente palpables en sectores de difícil electrificación por la naturaleza de sus actividades y en que permite el aprovechamiento de multitud de residuos, solucionando el problema de gestión existente en España e impulsando, por tanto, la economía circular.

Asimismo, se evitaría la emisión de 8,3 millones de toneladas de metano que, de otra manera, se liberarían a la atmósfera de forma natural por la descomposición de los residuos reutilizados para generarlo.

En palabras de Joan Batalla, presidente de Sedigas: “Los resultados de este informe ponen de manifiesto la oportunidad que España tiene ante sí para erigirse como una de las principales potencias energéticas de la Unión Europea de la mano de los gases renovables. El biometano es una solución verde y eficiente en costes para avanzar en la descarbonización que podría generar cerca de 62.000 empleos en un ámbito industrial con un potencial enorme en nuestro país. No hay que olvidar que su desarrollo está íntimamente ligado al mundo rural, ya que los residuos ganaderos y agrícolas son una de las principales materias primas para su producción”.

“El despliegue de este enorme potencial, no solo aportaría una gran riqueza a la economía nacional, sino que contribuiría a solucionar dos desafíos históricos de nuestro país: la gestión eficiente de los residuos y el reto demográfico en la España vaciada”, añade Batalla.

Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha acaparan la mitad del potencial total

Más allá de la oportunidad para España en su conjunto, el estudio también pone el foco en la capacidad potencial de producción de biometano a nivel regional, condicionado por factores como la tipología de residuos disponibles, su cantidad, la densidad de población o la superficie destinada a actividades primarias, entre otros.

En este sentido, Castilla y León lidera el ranking con 37,78 TWh que representan el 23,2% del total. Le siguen Andalucía, con 23,62 TWh (14,5%) y Castilla-La Mancha, con 20,37 TWh (12,5%). Entre las tres, por tanto, acaparan la mitad (50,2%) del total del potencial nacional. El ‘top 5’ lo completan Aragón, con 17,62 TWh y Cataluña, con 14,46 TWh.

Las barreras al despliegue del biometano

Una vez cuantificado el potencial español en la producción de biometano, su despliegue depende ahora de la superación de una serie de barreras.

“En España, el apoyo por parte de las administraciones ha sido prácticamente inexistente, de ahí la notable diferencia en el crecimiento del sector del biometano a nivel de producción y número de plantas en funcionamiento en nuestro país comparado con otros países de la Unión Europea. Si bien es cierto que se están dando los primeros pasos para el progresivo desarrollo de este vector energético (como la aprobación de la Hoja de Ruta del Biogás), y que esto ha llevado a que a día de hoy haya más de 200 proyectos en desarrollo, siguen existiendo una serie de barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales que están limitando la inversión en nuevas infraestructuras de producción de biometano, reduciendo la penetración de éste en el sector gasista y perjudicando la economía y el empleo de las zonas donde se podrían desarrollar estos proyectos”, añade Batalla.